La obra busca, de la mano de la alta jurisprudencia y la doctrina, variar un criterio que venía afianzado sobre el papel de mero controlador de trámites y requisitos legales del juez de garantías, para convertirlo tal cual fue previsto en la Constitución y en las sentencias de constitucionalidad, como objetivo garante de los derechos fundamentales de partes e intervinientes procesales, como lo reclama la filosofía del Estado constitucional de derecho.

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